Actualmente en el mundo 38 países han adherido a la declaración de consenso de Ginebra, una posición en rechazo al aborto. Rusia y Guatemala fueron los últimos que adhirieron a esa postura.
Y parten de la base de que el aborto no es un derecho, solo es una opción de interrupción de un embarazo, donde la mujer no decide por su vida únicamente sino también por la de otro; es la más drástica e inhumana forma de no gestar, después de haber dejado a un lado las decenas de posibilidades que se tenían.
En nuestros tiempos resulta común ver muchos jóvenes contemplando, debido a múltiples factores, la posibilidad de no tener hijos. Hasta aquí todo podría ser válido y encuadrado en un derecho de autodeterminación, pero que de la mano de esa idea vaya la fórmula del aborto, resulta ligero y hasta irresponsable, porque ya hay una vida en desarrollo que espera también se respeten sus derechos, un ser sin voz.
Existen extremos de penalización no justificables como el caso de Polonia, donde se limita en su totalidad la práctica del aborto, razón por la que incluso este fin de semana se presentaron protestas en las calles, como consecuencia de la muerte de una mujer debido a la negativa médica de practicarle un aborto, a pesar que su vida corría peligro por la malformación del feto. Era una joven de 30 años y que tenía al momento de ingresó al hospital 22 semanas de gestación. Los médicos dictaminaron que el feto no podría sobrevivir al presentar graves anomalías y al haberse perdido todo el líquido amniótico. Sin embargo, no extrajeron el feto hasta que este no dejara de latir, lo cual terminó desencadenando la muerte de su madre.
En nuestro país eso no hubiera sucedido, pues existen causales que autorizan esta práctica en casos como el presentado en Polonia, esto es cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer o grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
No conformes con esto, que podría alegarse ya ajustado en la defensa de otros derechos, en la Corte Constitucional circulan dos ponencias que, según medios escritos nacionales, están encaminadas a despenalizar totalmente el aborto en nuestro país.
Todo empezó con una demanda interpuesta por el movimiento denominado Causa justa. Desde allí se plantea la tesis que criminalizar el aborto en formas distintas a las ya permitidas genera un acto de discriminación contra la mujer. Y a esa tesis pareciera hoy le apuesta la Corte la que, con argumentos recopilados en diferentes instituciones, busca justificar la vía libre a que mujeres y niñas se realicen un aborto de forma abierta y sin más talanquera que su voluntad.
Soy una convencida que la vida del feto merece un respeto y una protección estatal, lo que se vislumbra será eliminada en una próxima decisión de la Corte Constitucional. En poco o nada se va a reivindicar los derechos u oportunidades de las mujeres; por el contrario, se desnaturaliza su condición y es que acudir a esa práctica abiertamente por parte de niñas y mujeres, es un fracaso social y político de cualquier Estado. Desafortunadamente pareciera que en ese sentido avanzamos.